Publicado: 9 de Marzo de 2017

Una anciana sevillana tuvo que esperar 6 años

La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, festejó ayer por todo lo alto el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con un multitudinario acto en Jaén al que asistió el ex presidente socialista impulsor de esta ley y que quedó ensombrecido por las protestas contra los recortes sanitarios lideradas por el médico granadino Jesús Candel, más conocido como Spiriman.

Aunque la presidenta de la Junta alardea de la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía, lo cierto es que las carencias en la comunidad son tremendas, así como las listas de espera que pueden alargarse durante más de seis años, como se puede comprobar leyendo las resoluciones del Defensor del Pueblo andaluz sobre este asunto y revisando las minuciosas estadísticas que, mes a mes, publica en Internet el Portal de la Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Son las paradojas de Susana Díaz con la Dependencia. Exige al Gobierno central del Partido Popular una financiación que ella misma no facilita en Andalucía, a pesar de que es su competencia.

El último informe del Portal de la Dependencia, con datos actualizados el 31 de octubre de 2016, revela que en Andalucía había un total de 102.197 andaluces en lista de espera, casi un tercio del conjunto de dependientes que aguardaban su prestación en todo el país (355.596 en espera en todas las comunidades autónomas).

En Andalucía, había 287.472 personas con derecho a alguna prestación reconocida en la Ley de Dependencia, pero sólo 185.275 andaluces la estaban recibiendo, recoge la citada estadística. La diferencia entre ambas cantidades son los algo más de cien mil dependientes en lista de espera con su derecho reconocido, pero que todavía no están recibiendo la ayuda. Si se compara con la cifra de solicitudes, la lista de espera se dispara, ya que en Andalucía se presentaron nada menos que 378.711. Por lo tanto, hay 193.436 andaluces aguardando a recibir su prestación, tras presentar la correspondiente solicitud.

El Portal de la Dependencia del Ministerio no concreta cuánto tiempo llevan los dependientes con derecho a prestación esperando en cada caso, pero algunos terminan reclamando tras aguardar durante años una ayuda que no llega.

Es el caso de una anciana de Sevilla que tuvo que esperar nada menos que seis años para recibir la ayuda a domicilio a la que tenía derecho. Además, la atención se produjo después de que la hija de la dependiente presentara varias reclamaciones ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla y una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que emitió el pasado agosto una resolución dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para que solucionara el caso.

Queja al Defensor

«Si la Junta de Andalucía hubiera actuado diligentemente, la afectada en esta queja podría haber percibido la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) con efectos desde la fecha de solicitud, es decir, desde el 14 de julio de 2009», avisa el Defensor del Pueblo andaluz.

Sin embargo, la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) que debe fijar el tipo de ayuda que necesitaba la mujer de Sevilla no se hizo hasta diciembre de 2015, es decir seis años después de la presentación de la solicitud.

Para colmo, la Administración no le concedió la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que sí habría tenido efectos retroactivos, sino ayuda a domicilio que, «por su propia naturaleza, no puede disfrutarse retroactivamente», reprocha la Oficina del Defensor del Pueblo.

Los seis años de retraso que sufrió esta mujer «vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular», dice Maeztu, que cita la violación de seis leyes distintas.

El anterior Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en una dura resolución de diciembre de 2012, de la que informó EL MUNDO, acusó a la Junta de paralizar la Ley de Dependencia, ya que, aunque acepta nuevas solicitudes, luego las guarda en un cajón y «nunca llegan a resolverse».